El equipo de gobienro (PP-UM) lo tiene claro. No rectificará en el
tema del Casal de Jóves. Éste se ubicará en el inmueble de la calle
Pedro Antonio Servera, propiedad de la Iglesia y en él no se podrán
llevar a cabo «actos, actividades o manifestaciones que ofendan o
atenten contra los fines de la iglesia católica». El PP defiende
que esto es legal y lo hace avalado por un informe jurídico.
Así lo expuso el alcalde Damià Ripoll en el último pleno, donde
el equipo de gobierno acordó desestimar el recurso de reposición
interpuesto por EU-EV contra el acuerdo de pleno de 9 de enero en
el que se aprobaba el convenio con la Iglesia para hacer un centro
de jóvenes. EU-EV interpuso el recurso porque consideraba que una
de las cláusulas del convenio eran «ilegales», partiendo de la base
que «toda administración pública debe ser aconfesional», «no se
puede permitir que la iglesia marqué lo que se ha de hacer en un
Casal de Jóves y que en caso de conflicto resuelva el vicario
episcopal», según Conxi Peña.
El alcalde comentó que «hemos encargado un informe jurídico del
que se desprende que el convenio es legal». Peña dijo que «el tema
está en manos de nuestros juristas para ver como procedemos ante la
desestimación del recurso».
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