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A.G.
Joaquín Calvo Sotelo construyó antes de 1973 la famosa piscina de la Costa dels Pins (Son Servera) sin ningún permiso y, después, solicitó a la Administración franquista que se la legalizara. Nada hacía imaginar alguna oposición del régimen al entonces famoso dramaturgo, académico, abogado del Estado e hijo del asesinado político conservador de la República. Pero la Delegación Provincial de Turismo, regida por Francisco Soriano Frade, se opuso de manera radical y con argumentos lo suficientemente consistentes: la piscina ponía «en un grave peligro el disfrute de nuestra playas y costas, e incluso el futuro de nuestro turismo». Otros organismos como el Ajuntament de Son Servera, Obras Públicas o la Marina, en cambio, consintieron aquella política de hechos consumados.

La Administración franquista favoreció al dramaturgo, pero le impuso prescripciones: las escaleras, las terrazas y el solárium de la piscina serían de «uso público» y con carácter «gratuito»; y el embarcadero podría ser utilizado por cualquier embarcación que lo precisara. El 9 de noviembre de 1973, el ingeniero jefe de Costas, Antoni Garau, se personó en la piscina y confrontó los planos suscritos por el ingeniero Jeroni Saiz con el destrozo acometido por el académico. En su informe, Garau calificó las obras de «abusivas», pero consintió su legalización porque no causaban «perjuicio al interés público».

Ultima Hora ha tenido ahora acceso al primer expediente de la piscina, construida ilegalmente pero «bendecida» después de la presentación de una instancia, cuatro planos y una «Memoria». En un año se tramitaron todos los permisos. La concesión se prolongó por espacio de diez años, hasta 1984. En 2001, la viuda de Calvo Sotelo consiguió que le «renovaran» el permiso, y lo «traspasó» por 15 millones de pesetas a Pedro J. Ramírez.