Joan Thomàs, ayer, minutos antes de que diera inicio la vista oral. Foto: SEBASTIÀ AMENGUAL

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PEDRO AGUILO MORA
El concejal tránsfuga de UM en Calvià, Joan Thomàs, reconoció ayer ante la titular de la sala sexta del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Sonia Vidal, que transcribió y firmó «libremente» el contrato de fidelidad a la formación nacionalista que el propio Thomàs -junto a los miembros de la junta local de UM, Isidre Cañellas, Yolanda Tomás, Matías Cantarero, Josep Socies y Sebastià Genovard- suscribió seis días antes de las últimas elecciones municipales celebradas el 25 de mayo de 2003.

Asimismo, Thomàs negó en el juicio haber sido el impulsor y promotor del documento en cuestión. No obstante, los cuatro testigos aportados por la parte demandante, representada por el letrado Tomàs Ques, sostuvieron todo lo contrario. El primero en contradecir los argumentos del tránsfuga fue el testigo Damià Ferrer quien aseguró que Joan Thomàs «fue el promotor del documento» y quien fijó la cláusula de penalización de tres millones de euros en caso de incumplimiento de un contrato que, según el segundo testigo aportado por UM, Bartomeu Vicens, contó siempre con el visto bueno de la Ejecutiva nacionalista.

Visiblemente nervioso, Joan Thomàs reconoció haber firmado el contrato de fidelidad para defender la «honorabilidad y el programa electoral» de UM ante la sospecha de que Matías Cantarero (quien en su juventud militó en las Nuevas Generaciones del PP) podía convertirse en un tránsfuga tras los comicios municipales.

También afirmó que tomó la determinación de romper el compromiso de lealtad a UM cuando los «intereses políticos» del partido presidido por Maria Antònia Munar «se antepusieron a los de los ciudadanos», en clara referencia a la negativa de UM a que el Consistorio regalara a la familia Nigorra la recepción de Nova Santa Ponça.

Los otros dos testigos en su día presentes en la firma del documento y que ayer desfilaron por la sala sexta del Juzgado de Primera Instancia, Margarita Piqueras y Juan Antonio Costa, insistieron en que fue Joan Thomàs quien impulsó la redacción del contrato e incluyó en el mismo la estipulación referente al pago de 3 millones de euros a cargo de quien pudiera convertirse en tránsfuga. Todo ello, según los testigos, «porque no se fiaba de Matías Cantarero».

Con el juicio visto ya para sentencia, el primer teniente de alcalde de Calvià, Isidre Cañellas (UM), manifestó a Europa Press que su formación «acatará y respetará» la sentencia, aunque mostró su confianza en que, finalmente, Thomàs tenga que pagar la indemnización de tres millones de euros, ya que, a su juicio, ha quedado «totalmente acreditado» que incumplió «flagrantemente» el documento de fidelidad, «que él mismo impulsó y firmó voluntariamente». Cañellas también calificó de «inconsistentes» los argumentos del abogado defensor, Rafael Perera, quien afirmó que el programa electoral de UM tenía la voluntad de mejorar y defender a los habitantes de Calvià, por lo que aseveró que al votar Joan Thomàs a favor de Nova Santa Ponça, «tal y como había previsto inicialmente su formación con ese fin, no fue él, sino UM quien violó los términos firmados».

Para el líder de UM en Calvià, la defensa de Thomàs «no tiene fundamentos claros de por qué incumplió un compromiso que decidió impulsar y firmar de forma libre», por lo que, a su entender, los argumentos de Perera no son más que «divagaciones de diversas cuestiones políticas que no tienen mucho que ver con lo que está reclamando UM, que es el cumplimiento del documento de fidelidad». Finalmente, Cañellas recalcó que Thomàs «se convirtió en un tránsfuga», a pesar de que tras firmar el documento, se comprometió a «mantenerse fiel a UM».