La primera denuncia de Rabasco ante el Consell se hizo el pasado 2 de marzo. Y el pasado 24 de abril presentó otra indicando a la institución insular que hacía casi un año que había denunciado los hechos en el Ajuntament y que éste no había actuado aunque la alcaldesa, Rosa Vich, había informado, con fecha 10 de junio del 2005, que «no consta en estas dependencias municipales la concesión de ninguna licencia de instalación ni, en consecuencia, la de apertura de ninguna actividad en esta parcela».
La inspección de ayer, por sorpresa, se debe al hecho de que el Ajuntament de Santa Maria, encabezado por Rosa Vich (PSM), no ha actuado ni ha abierto ningún tipo de expediente de infracción urbanística, aunque la primera denuncia presentada a las autoridades municipales, formulada por el concejal de Llucmajor Joaquín Rabasco, data del 31 de mayo del 2005. Eso quiere decir que Rosa Vich no se ha movido durante prácticamente un año. El Consell no ha tenido otro remedio que intervenir frente a las repetidas denuncias presentadas también ante la institución insular.
La nave Omniprint, propiedad de la empresa editora de «El Mundo» y del grupo turístico Barceló, ocupa 4.500 metros cuadrados de superficie y una altura que roza los 17 metros, cuándo la altura máxima permitida es de diez metros. También tiene una nave anexa de mil metros. La planta es más alta que las torres del campanario de Santa Maria.
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