La decisión del Consell de pedir el «final de obra» se debe a que sus responsables quedaron boquiabiertos al leer el auto de la magistada del juzgado contencioso número 1, Carmen Frigola, en el que permite que la planta siga abierta basándose en la existencia de este «final de obra». El auto judicial se produjo tras una denuncia del edil de Llucmajor, Joaquín Rabasco.
El hecho de que la magistrada se refiera en su escrito a este certificado causó el lógico revuelo en Territori, porque los técnicos del Consell ignoraban que existiese. La magistrada razona que el «final de obra» demuestra que Omniprint no funciona de forma clandestina, a la vez que permite continuar su actividad para evitar «perjuicios irreparables y devastadores», aunque Omniprint carezca de licencia de abertura y de actividades.
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