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L.P./P.A.M /J.R.
Las obras de ampliación, reforma y remodelación integral del hotel Barceló Cala Viñas, que durante las últimas semanas se han venido ejecutando de forma ilegal con el visto bueno del Ajuntament de Calvià (que sabía por las denuncias vecinales, de la Policía Local y la Guardia Civil que las obras se estaban llevando a cabo contando solamente con dos licencias de obra menor y violando los horarios establecidos), han supuesto también la ocupación ilegal de la zona de dominio público marítimo-terrestre que afecta a la línea de costa donde se encuentra el mencionado establecimiento hotelero.

Así se desprende de la propia autorización que Demarcación de Costas en Balears otorgó a Barceló Hoteles Mediterráneo SL, colmando así su petición para permitir la «circulación de vehículos por la playa para realizar la carga y descarga del material de obra así como la retirada de escombros, debido a las obras de recuperación y embellecimiento de las zonas verdes y accesos a la playa anexos al hotel Barceló Cala Viñas».

Esta autorización no fue otorgada hasta el 3 de abril, precisamente el mismo día en que una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil interpuso una denuncia contra Barceló Hoteles Mediterráneo SL por «realizar trabajos dentro la zona de dominio público marítimo-terrestre sin las pertinentes autorizaciones», además de constatar que se efectuaban «reformas sin estar en posesión de la licencia de obra mayor». En la denuncia, acompañada de un extenso informe técnico fotográfico, se subraya que cuando se requirieron las autorizaciones al Ajuntament de Calvià y a Costas para poder obtener la licencia de obra mayor y ocupar el dominio público marítimo-terrestre a los responsables de las obras presentes en el momento de la inspección policial, éstos no disponían de ellas, aunque manifestaron haber presentado ante los mentados organismos las respectivas solicitudes de las autorizaciones requeridas.

Esta denuncia, cursada el pasado 3 de abril, fue remitida por la Guardia Civil al jefe de la Demarcación de Costas en Balears, Víctor Torres, y al alcalde de Calvià, Carlos Delgado (PP), por ser las «autoridades competentes» en el caso.