El fiscal remitió el pasado 28 de abril un escrito al Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, el cual instruye la causa por la querella presentada por un particular contra estos altos cargos municipales, en el que le requiere que solicite a los ayuntamientos implicados (Santanyí, Llucmajor, Lloret, Felanitx, sa Pobla, Inca, Santa Margalida, ses Salines, Selva, Montuïri y Campos) «una certificación para el fedatario oficial de cada ayuntamiento en que se haga constar qué particulares o datos tiene aquel ayuntamiento sobre la Agrupació de Cavallistes de ses Salines», así como «que se certifique la existencia o no de actuaciones de caballistas que siendo de ses Salines actuaran en los mencionados municipios aunque no utilizaran el nombre de la agrupación».
Hay que recordar que el pasado 3 de agosto Ultima Hora desveló que los responsables de estos ayuntamientos avalaron un interés general solicitado por Vidal para que su vivienda se convirtiera en la sede de esta agrupación. Y lo hicieron certificando que la Agrupació de Cavallistes de ses Salines había actuado en sus municipios desde el año 1996, cuando realmente no se constituyó hasta el año 2001. Un mes después de destapado el escándalo, dimitió el alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, mientras que los otros alcaldes del Partido Popular implicados en el caso se defendieron asegurando que desconocían el objetivo del ex alcalde saliner. De momento han prestado declaración en Palma el mismo Sebastià Vidal; el teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet, y el celador municipasaliner, Sebastià Escales. Este mes empezarán en la comarca de Inca.
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