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LL.P/R.G./EFE
PSM, EU-Els Verdes y ERC reivindicaron ayer su derecho a protestar públicamente y a exigir el cumplimiento de la Ley de Costas ante la ocupación del dominio público que supone la piscina que utiliza Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins. Además, las tres formaciones recordaron la necesidad de sus actuaciones frente a la parálisis administrativa del Ministerio de Medio Ambiente por resolver esta irregularidad territorial «manifiesta» en la costa. Los partidos recuerdan que sus representantes participaron el verano en un acto de protesta frente a esta piscina, y se mostraron contrarios a la decisión de la jueza de Manacor de elevar al Tribunal Supremo la causa por observar indicios de criminalidad en la actuación del diputado al Congreso de ERC, Joan Puig, que participó en el acto. Hay que recordar que el juzgado número 4 de Manacor instruye las diferentes denuncias interpuestas después del forcejeo entre el personal de seguridad de Pedro J. Ramírez y diferentes personas que intentaron acceder a la zona de dominio público ocupada.

«Reivindicamos el derecho de los diferentes partidos políticos a denunciar todas aquellas acciones y actuaciones que no cumplen con la legalidad vigente», dijo ayer Miquel Rosselló, portavoz de EU-EV. De la misma opinión fue el secretario general del PSM, Gabriel Vicens, quien consideró «injustificable que desde el Gobierno socialista de Madrid, desde el Ministerio que preside Cristina Narbona, no se haga cumplir la Ley de Costas retirando la concesión totalmente irregular de una vez por todas». «Sería un error gravísimo dificultar la reivindicación y detener la voz de los partidos políticos que únicamente piden restablecer la legalidad», añadió el dirigente.

Fuentes de ERC insistieron ayer en la tranquilidad de su diputado Joan Puig porque «el Supremo demostrará que quien incumple la ley es Pedro José Ramírez y su piscina ilegal». Por otra parte, la diputada mallorquina del PP al Congreso, Maria Salom, calificó de «muy grave» que la jueza observe indicios de criminalidad en la conducta del parlamentario de ERC. En una comparecencia en el Congreso, consideró este hecho «vergonzoso» e indicó que su grupo volverá a pedir a la Comisión del Estatuto del Diputado estudiar el tema.