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CARMEN RUIZ/MARIA NADAL
Casi un año después de estallar el escándalo del ex alcalde de ses Salines por pretender legalizar su vivienda en suelo rústico como sede de una asociación caballista, el Consell de Mallorca aún no ha suspendido definitivamente el interés general que solicitó el político popular, implicando además a once alcaldes y concejales de otros tantos ayuntamientos. Los socialistas Cosme Bonet y Antoni Alemany criticaron ayer duramente a la institución insular por no hacer definitiva la suspensión del interés general ya que, a su juicio, «si no se resuelve rápidamente se creará un grave precedente, además de incitar a la ilegalidad».

El PSOE presentó el pasado 29 de junio del pasado año un recurso contra el interés general concedido por el «rodillo» PP y UM en la Comissió d'Ubanisme celebrada el 5 de mayo de 2005. Ahora, quiere saber en qué situación se encuentra ese recurso y así se lo plantearán al conseller de Territori, Bartomeu Vicens, en el próximo pleno del Consell. Cosme Bonet quiso recordar que el caso afecta a 11 ayuntamientos gobernados por el PP al emitir certificaciones falsas sobre una asociación de caballistas que no se había constituido. «Es el caso más grave de corrupción municipal de esta legislatura, no se puede permitir el uso fraudulento del cargo público en beneficio personal», indicó el socialista.

Para el PSOE, que se ha personado en la causa contra todos los cargos implicados, «existe una trama organizada por el PP para beneficiar a uno de sus dirigentes». Bonet y Alemany exigieron al Consell que actúe de forma ejemplar y con celeridad. «Dentro de la campaña contra la construcción de suelo rústico es imprescindible actuar porque si no la gente no se creerá que el Consell va en serio». Desde el Departament de Territori confirmaron que todavía no hay resolución y que es posible que la haya en breve.