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CARME MORENO
Los alcaldes del Partido Popular de los ayuntamientos de sa Pobla y Lloret, Antoni Serra y Joan Jaume, respectivamente, declararon ayer en el Juzgado número 1 de Inca como imputados por el caso de ses Salines y reconocieron que en los certificados emitidos para que posteriormente el ex alcalde popular de ses Salines, Sebastià Vidal, pudiera legalizar, por interés general, una casa de campo de su propiedad hubo todo un conjunto de «errores administrativos».

Así, después de su declaración el alcalde Antoni Serra fue muy claro: «Estoy tranquilo. El primer problema administrativo es que el alcalde no puede certificar, pero aquí seguí la costumbre y es que como director de la Policlínica llegué a certificar muchas cosas». «El segundo error administrativo es que no solicité los estatutos de la agrupación de caballistas», concretó.

Estos certificados complementaron y se incluyeron en el expediente para reforzar que la Comisión Insular de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca aprobara el interés general del centro hípico promocionado por la Agrupació de Cavallistes de ses Salines.