Imagen de los bancos de la oposición en el transcurso de una sesión plenaria del Ajuntament de Llucmajor.

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PEDRO AGUILO MORA
De «escandaloso» tildaron ayer los portavoces del PSOE y el PSM en el Ajuntament de Llucmajor el déficit presupuestario que acumulan las arcas municipales, al tiempo que anunciaron la presentación de una moción conjunta en el pleno de mañana para exigir al alcalde Lluc Tomàs (PP) la puesta en marcha de un plan de saneamiento financiero. En el transcurso de la rueda de prensa celebrada ayer en la sede parlamentario del PSM, Antoni Garcies (PSOE) y Joana Lluïsa Mascaró (PSM), denunciaron el «incumplimiento reiterado, año tras año» de las normas que regulan las haciendas locales, sin que el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) «adopte medidas ni para cumplir con la legalidad vigente ni para solventar la difícil situación económica».

Los portavoces de la oposición llucmajorera cuantificaron en 3'3 millones de euros eagujero presupuestario, aunque aseguraron que la deuda real podría superar los 10'8 millones. Además, a esta cifra habría que añadir la contraída con los bancos, que a finales del 2005 era casi de 23 millones, sostuvieron. Ante tal coyuntura, PSOE y PSM propondrán mañana en el pleno que, en el presupuesto del 2006, se reduzca la partida de gastos en 3'3 millones, que es el remanente de tesorería negativo correspondiente a la liquidación del 2005. Asimismo, tanto Garcies como Mascaró pedirán también que se disminuya del presupuesto de ingresos la partida relativa a la participación del Consistorio en la recaudación del Impuesto de Hidrocarburos y Tabaco, y que se recorte, en la misma cantidad, el capítulo de gastos; ya que en su momento, la Administración Aznar no incluyó al Ajuntament de Llucmajor en el marco de municipio receptores del impuesto. En cuanto a los aprovechamientos atípicos, PSOE y PSM opinaron que no se debería reconocer el derecho en tanto no se haya otorgado la correspondiente licencia. Finalmente, Antoni Garcies y Joana Lluïsa Mascaró exigirán al equipo de gobierno que en un plazo de tres meses proceda presentar de un plan de saneamiento financiero.