El Supremo investigará al diputado Joan Puig por la protesta contra la piscina

En cambio y en contra de lo que pretendía la jueza titular, el Tribunal Supremo ha ordenado al Juzgado de Manacor que continúe las diligencias previas con las personas no aforadas que participaron el verano pasado en la protesta contra la piscina que utiliza el periodista Pedro J. Ramírez en el dominio público de la Costa de los Pinos.

El diputado Joan Puig afirmó ayer que el Tribunal Supremo «demostrará» que la piscina que usufructúa Pedro J. Ramírez incumple la Ley de Costas por estar en uno zona de dominio público.

Puig manifestó sentirse «muy tranquilo» porque «es Pedro J. Ramírez quién incumple la ley y su piscina ilegal». Asimismo, afirmó en un comunicado que continuará dando apoyo al colectivo de mallorquines que denuncian la irregularidad de la piscina y reivindican el libre tráfico por el dominio público.

Según Puig, si el director de «El Mundo» fuera un ciudadano «como los demás, su piscina ilegal habría sido destruida o puesta a disposición de cualquier ciudadano que quisiera ejercer el derecho de paso por la costa».

Finalmente, Puig emplazó al Ministerio de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona para que «tome cartas en el asunto» y ponga freno a los «privilegios de que disfruta Pedro J. Ramírez».

Con el acto del Tribunal Supremo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor habrá de contiunar con las diligencias previas que afectan al resto de querellados: Joan Lladó, Jaume Sastre, Josep Martí, Bernat Fiol, Pere Pol, Concepció Peña, Maria Antònia Vadell (PSM), Andreu Pascual y Fernanda Ramon, tal como ya adelantó este diario. Para este verano, varios colectivos han anunciado la convocatoria de nuevos actos de protesta en la piscina de la Costa de los Pinos.