El director general de Costas, José Fernández Pérez, fue ayer el centro de todas las críticas junto con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) también pidió su dimisión: «Con esta resolución (que legaliza la piscina de Pedro J. Ramírez) se confirma el cúmulo de disparates que el director general de Costas ha provocado en este tema conflictivo. Su dimisión o cese se hace absolutamente imprescindible».
La resolución del Ministerio de Medio Ambiente, para el grupo conservacionista, «es un trato de favor a Ramírez y una verdadera conculcación de la letra y el espíritu de la Ley de Costas» y califica de «ridículo y contradictorio el uso escolar» que el periodista pretende dar a la piscina construida en zona de dominio público marítimo terrestre. El grupo conservacionista recordó «el listado de ilegalidades» del expediente de la piscina pública de Costa de los Pinos. Así, expone que la concesión a Giulaina Arioli se otorgó de forma irregular mediante la orden ministerial de enero de 2001, ya que entonces había una suspensión para dar autorizaciones en dominio público marítimo terrestre, a causa de la incoación de un expediente de delimitación.
Además, esta concesión no se publicó nunca ni en el BOIB ni en el BOE tal como exige la normativa vigente, y con la nueva Ley de Costas no hay «legalmente» una concesión de piscina dentro del dominio público. El GOB considera «sorprendente que el Ministerio de Medio Ambiente haga total dejadez en la aplicación del artículo 27 de la Ley de Costas, relativo a la servitud de tránsito. Esta servitud recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro, a partir de la línea interior de la ribera del mar. Esta zona tendrá que dejarse totalmente expedita para el paso público peatonal. A pesar de esto, el Ministerio no ha tomado ninguna medida para hacer efectiva este servitud».
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