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JOAN RIERA
La alcaldesa de Santa Maria, Rosa Vich, tiene todo el apoyo del Consell de Mallorca, tanto político como de sus servicios técnicos, «por su impecable proceder jurídico en el caso de la planta impresora Omniprint».

El pleno del Ajuntament tiene previsto aprobar la semana que viene una declaración de lesividad contra esta industria que imprime el diario «El Mundo». Eso implica que el Consistorio no sólo advierte que Omniprint está fuera de ordenación, sino también que el municipio se ve «lesionado» por su funcionamiento.

Una vez aprobada la declaración de lesividad, el expediente será enviado a los tribunales para que procedan a la definitiva anulación de los dos planos falsos de 17 metros de altura que se colaron dentro del expediente, cuando el proyecto básico y los informes técnicos municipales hablaban de sólo de diez metros de altura, el máximo permitido en el polígono.

Los jueces también tendrán sobre la mesa los informes de los técnicos del Consell que reclaman la restitución de la disciplina urbanística. Omniprint no tiene ni final de obra ni licencia de actividades.

Los servicios jurídicos y técnicos del Consell siguen paso a paso el desarrollo del asunto. Sus superiores han recomendado prestar todo su apoyo al Ajuntament. Omniprint cuenta con un despacho de abogados de Madrid que han presentado unas alegaciones donde acusan el Ajuntament de estar a las órdenes del Consell y a los dirigentes municipales de no estar a la altura de las circunstancias.

Por el pueblo, se comenta que Vich habría recibido insinuaciones en el sentido de que tendría que responder con su patrimonio si Omniprint es clausurada y declarada fuera de la ley.

Las afirmaciones del pasado viernes del portavoz del Govern balear, Joan Flaquer, en el sentido de que el Ejecutivo autonómico observa «con preocupación» la acción contra Omniprint «porque en Mallorca hay otros casos y nadie procede contra ellos», han causado satisfacción en el Consell de Mallorca, según fuentes próximas. Flaquer, que es profesor de Derecho de la UIB, no dijo en ningún momento que Omniprint fuera legal, sino que habló de «otras irregularidades», con lo que, implícitamente, reconocía que esta industria se encuentra fuera de la normativa. También desde el Consell se comenta que «tal vez haya otras irregularidades como ésta en Mallorca, sin embargo nadie las ha denunciado. Además, estas empresas no se dedican a impartir lecciones de moralidad a nadie. Otras sí que lo hacen, pero sin mirar a su propio tejado», en referencia a los editores de «El Mundo».