El terreno en cuestión está ubicado en el paseo Ferrocarril, justo detrás de una conocida empresa cristalera, a escasos 300 metros del lugar donde el Ajuntament cuenta con 13.000 metros cuadrados para construir el auditorio y el recinto ferial.
Precisamente, todos los partidos de la oposición (ALM-UM, PSOE y PSM) insistieron en reclamar que el nuevo colegio se construya en estos terrenos que el Ajuntament «puede ceder mañana mismo» a la Conselleria d'Educació.
Las portavoces de los tres partidos -Catalina Julve, Júlia Roman y Margalida Capó- coincidieron en que la modificación de normas aprobada ayer «no es una solución inmediata», porque «pasará más de un año» hasta que el cambio del planeamiento esté definitivamente adecuado para ceder los terrenos al Govern.
Además, consideraron que «esta modificación del planeamiento se podría haber hecho igualmente hace un año». Ante esta situación, todos los partidos de la oposición se abstuvieron y el punto se aprobó con los votos del pacto de gobierno.
El portavoz del pacto, Jaume Darder, intervino para defender que el Ajuntament «comparte la preocupación de todas las fuerzas políticas aunque es opinable la zona, el camino a seguir y la forma de adquisición». El portavoz apunto que se ha optado por la modificación de normas para tener «una base expropiatoria en caso de que fracasara el convenio urbanístico» que el equipo de gobierno rubricará con los propietarios de la zona y del solar para el colegio y que será incluido en el plan general. «Decidimos no esperar a la aprobación del Plan General para no vincular la suerte del colegio a su aprobación», apuntó Darder.
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