En la fotografía, el alcalde de Montuïri, Gabriel Matas, cuando prestó declaración ante el juez.

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Salvador Llinàs Bauzà es uno de los imputados en la supuesta trama de evasión de capitales descubierta en Montüiri a través de la compraventa de vehículos del alquiler y, según el escrito del fiscal anticorrupción de Balears, Joan Carrau, podría enfrentarse a 24 años de prisión y multa. Las investigaciones desarrolladas hasta ahora por el fiscal han detectado la posible presencia de empresas «fantasma» de alquiler de coches con sede en Montuïri, con el único objeto de pagar un impuesto de circulación más reducido de forma ilícita. Otros imputados en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma son el hijo de Llinàs Bauzà y el alcalde del municipio, Gabriel Matas.

En su escrito, el fiscal señala que Llinàs Bauzá pudo haber cometido un delito continuado de falsedad, también contra la hacienda pública, además de asociación ilícita, blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida. Por todos ellos, el acusado podría ser condenado a 24 años de cárcel, según el fiscal anticorrupción. Asimismo, el escrito del Ministerio Público señala que el acusado «ha reiterado una conducta abierta de desobediencia a órdenes judiciales y ha obstaculizado la actuación de la administración de justicia posiblemente cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Añade que el imputado «ha intervenido en ejercitar actos de administración de justicia obviando la intervención del administrador judicial. Por ello, recuerda que el delito de desobediencia está sancionado con una pena que puede alcanzar el año de prisión.

Salvador Llinàs Bauzá, «es la persona que ha constituido las sociedades utilizadas para estas actividades, y ha dirigido o dirige (según testigos) la actividad de estas sociedades como se desprende del hecho de que ha sido él el que ha interferido en las funciones de administrador judicial», según el escrito. Añade que la medida cautelar solicitada (su ingreso en prisión) se considera necesaria «para asegurar la presencia del imputado en el proceso al existir riesgo de fuga».