Un juicio que dará qué hablar

Hace más de dos años que el litigio se combate en distintas sedes judiciales, llena páginas de diarios y alegra las tertulias de radios y televisiones, además de ser tema recurrente en bares y terrazas de todo el país.

Pero los hechos que mañana se juzgan se refieren al mes de agosto de 2004. En aquellas fechas, la revista Telva realizó un amplio reportaje sobre piscinas. La modista Àghata Ruiz de la Prada, compañera sentimental de Ramírez, y la hija de ambos, Cósima, aparecían en diferentes fotos junto a una espectacular pileta enclavada encima del mar, en la Costa dels Pins.

Visto lo visto, el Lobby convocó una «manifestación lúdico-festiva» e invitó a todos los mallorquines a ir a bañarse allí. Delegación del Gobierno prohibió la fiesta popular en la piscina, y el Lobby no tuvo más remedio que acatar la orden. Sin embargo, para el 13 de agosto convocó una rueda de prensa en el mirador de la Costa dels Pins, a unos 300 metros del domicilio del periodista. Sastre, su compañero de organización Josep Palou, y el presidente del grupo ecologista Gadma, Bernat Fiol, defendieron el derecho a poder bañarse en la piscina y reivindicaron la servidumbre de tránsito en todo el litoral balear. Como se sabe, la costa española pertenece al dominio público, y la piscina de Pedro J. Ramírez estaba -y sigue estando- enclavada allí.

Acabada la rueda de prensa, Sastre, Palou y Fiol se acercaron hasta la pileta para darse un baño, pero los guardas de seguridad les cerraron el paso. Sastre intentó colarse a nado, pero tampoco. Los periodistas presenciaron cómo hubo un intercambio de palabras, y poco más. Después, Sastre avisó a la Guardia Civil, con la que a continuación se dirigiría al cuartel de Artà. Allí denunció a Ramírez por impedirle transitar por el dominio público.

Aquel 13 de agosto, Delegación del Gobierno informó del estado legal de la piscina. Existía una concesión a nombre de la antigua propietaria del chalet de Ramírez extendida por el ministro Jaume Matas en 2001. La instalación era para uso «general, público y gratuito». No había ninguna restricción para la servidumbre de tránsito, en teoría.

Doce días después, el 25 de agosto, Sastre y Palou regresaron a la piscina, ahora con el notario de Son Servera, que levantó acta de lo que pasaba: los guardas seguían cerrando el paso. Terminado este protocolo hizo su aparición la Guardia Civil, pero no para abrir camino. Al contrario, los agentes exigieron a Sastre y a los periodistas que se identificaran. Era el paso previo para que Pedro J. Ramírez acudiera personalmente al juzgado de Manacor y denunciara a Sastre por amenazas y coacciones. Allí alegó que el dirigente independentista había constreñido su libertad a poder moverse por su domicilio, y que su objetivo no era otro que torcer la línea editorial del periódico que dirige. Por ello solicitó cinco años de prisión.

Sastre, por su parte, acudió a la Demarcación de Costas y denunció lo que ocurría, acta notarial en mano. Pidió que la autoridad restableciera la servidumbre de tránsito y sancionara a Ramírez por apropiarse de la costa.

Ramírez y su diario dieron una enorme trascendencia a lo ocurrido. Primero tomaron a Sastre como un payaso y se mofaron de su aspecto físico. Pero eso duró poco, porque acto seguido compararon los métodos del Lobby con los de ETA. Sastre, por su parte, explicó en una entrevista publicada el mes de septiembre de 2004 en Ultima Hora sus motivaciones: «El Lobby se enfrentará a todo aquel que ataque nuestra lengua y nuestra cultura. Pedro Jota cree que Mallorca es su cortijo. Ha abusado de la hospitalidad y de la paciencia del pueblo. En consecuencia, le hemos querido aplicar una sobredosis de su propia medicina. Queremos que se cumpla la legalidad».

Los hechos en sí revestían escasa entidad. Eso fue lo que apreciaron la jueza instructora de Manacor y el fiscal. La magistrada decidió incoar un juicio por faltas contra Sastre (Palou y Fiol no fueron denunciados por Ramírez), al razonar que no existían indicios de violencia ni se profirieron palabras intimidatorias, «sino que se limitaron a permanecer en el lugar y dejar constancia de que no podían acceder a la piscina que el acusado y las demás personas creen de titularidad pública (y así parece reconocerlo el denunciante)».

Sin embargo, y en un auto que fue muy comentado, la Sala Segunda de la Audiencia revocó la decisión de la magistrada y decidió juzgar a Sastre por la presunta comisión de delito, no por faltas. El ponente, Joan Catany, razonó que «la distinción entre delito y falta siempre ha sido muy diluida y vaga»; que «a causa de la tan traída piscina han aflorado múltiples incidentes, que han determinado que su notoriedad hoy en día sea indiscutible»; y que Jaume Sastre «nada pierde con esta decisión, al contrario, gana en garantías procesales, asistencia letrada obligatoria, recursos ante un órgano colegiado, etc». Pero, y sin duda, lo más llamativo del auto era el pronóstico de los tres magistrados de la Sala Segunda: «Posiblemente sea un juicio tenso y polémico».