Josep Gomila y Joan Simonet, anteriores alcalde y concejal de Obras del Ajuntament d'Alaró.

Josep Gomila y Joan Simonet, anteriores alcalde y concejal de Obras del Ajuntament d'Alaró.

06/12/06 0:00
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PEDRO AGUILO MORA
El fiscal de Medio Ambiente y Corrupción Urbanística, Adrián Salazar, acaba de incoar diligencias informativas contra el Ajuntament d'Alaró tras detectar que el anterior equipo de gobierno municipal, conformado entonces por PP y PSM, permitió que la construcción de un bloque de viviendas invadiese 11,4 metros cuadrados de vía pública. Tras recibir una denuncias formulada por un vecino de la localidad alaronera en la que éste advertía de que «unas obras de construcción en la calle Pere Rosselló, esquina calle Son Amengual, en la que se estaba incumpliendo licencia concedida, la normativa urbanística invadiendo los viales referidos», el fiscal Zalazar procedió el pasado 2 de noviembre a incoar la mencionadas diligencias informativas y a solicitar al Consistorio que ahora preside Miquel Deyà (PSOE) que remita a la Fiscalía el expediente de licencia urbanística que durante la pasada legislatura cursó el entonces concejal de Obras Joan Simonet (PP) para dar luz verde a la ejecución de las obras que a la postre provocaron la invasión de la vía pública.

Según fuentes consultadas por este diario, la construcción del bloque de viviendas plurifamiliares se inició en 2001. No obstante, tras cercionarse de la presunta ilegalidad, el entonces alcalde del municipio, Josep Gomila (PSM), a instancias de Urbanismo, decretó la paralización de las obras. Pero un informe redactado el 12 de julio de 2002 y firmado por el aparejador municipal, Joan Josep Torrens, el arquitecto de la obra, Antònia Pizà, y en calidad de concejal de Obras, por el propio Joan Simonet (PP), sirvió al alcalde para acordar el levantamiento de la suspensión de las obras sin ordenar retranqueo alguno.

Las mismas fuentes consultadas por este rotativo señalan que el informe firmado por Simonet (próximo candidato del PP a la alcaldía de Alaró) junto con Torrens y Pizá y que dio vía libre a la invasión de la vía pública no constaba en el expediente de licencia urbanística que reclama el fiscal de Medio Ambiente y Corrupción Urbanística.