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OLGA QUINTANILLA-MADRID
«El caso de corrupción destapado en el Consistorio de Andratx no es un caso generalizado en Balears». Así lo afirmó el president del Govern, Jaume Matas, tras la reunión que mantuvo ayer en Madrid con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con motivo de la «operación Voramar» que ha supuesto prisión para Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx, y Joan Gibert, celador del ayuntamiento. En la reunión también estuvo presente el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo. El fiscal agradeció la voluntad del Govern de cooperar con la Justicia y Conde Pumpido reiteró a Matas la voluntad de actuar con la «máxima firmeza» frente a la corrupción urbanística mediante la persecución penal singularizada de «todas aquellas conductas que presenten indicios de delito», según el comunicado de la Fiscalía.

Sólo bastó media hora larga para que el mandatario balear y el fiscal general trataran este asunto que en las últimas semanas ha mantenido bastante alterada a la clase política. «De esta reunión extraigo la conclusión de que las declaraciones del PSOE no responden a la realidad y sólo responden a un interés partidista de usar lo de Andratx como algo generalizado en Balears. No es extrapolable lo que ha sucedido con este alcalde ni al ayuntamiento ni al resto de los concejales ni al resto de los municipios», dijo Matas. El president del Govern añadió que la postura adoptada por Conde Pumpido «no es incompatible con que la Fiscalía actúe, investigue todas las denuncias y tenga toda la colaboración que precise del Govern».

El president calificó el encuentro de tranquilizador y aseguró que su presencia en Madrid ha servido para «intentar evitar que esta imagen -la de corrupción generalizada en los ayuntamientos de Balears- se pueda malinterpretar y extender al resto de las instituciones que es lo que me preocupa. Creo que es una imagen injusta y que no se corresponde con la realidad». Matas manifestó que ante las declaraciones del portavoz socialista, Francesc Antich, de que lo ocurrido en Andratx «era una conducta generalizada, anunció nuevas detenciones, y añadió que existían investigaciones en marcha en términos similares en 18 ayuntamientos más de las Islas Baleare; por eso requerí a la fiscalía toda la colaboración para evitar que esto se generalice y que la imagen de la clase política pueda verse perjudicada porque es una injusticia».