Acerca de los impactos, los ecologistas advierten sobre el «consumo exagerado» del territorio, la pérdida de una zona de «notable interés agrícola» o el «impacto paisajístico negativo» que supondrá la transformación de la zona. Así mismo también aluden al consumo de recursos naturales que supone el manteniemiento de un campo de golf con complejo residencial.
La solicitud de los ecologistas era una medida cautelar para evitar «hechos irreparables» en el suelo rústico, mientras la administración insular resuelve el recurso de reposición que el mismo GOB presentó contra el acuerdo de la Comissió Insular d'Urbanisme que dio luz verde a este polémico proyecto.
La construcción del campo de golf y la oferta complementaria ocupa una extensión de 65 hectáreas de las fincas de Son Baco y es Pi. El proyecto incluye un golf de 18 hoyos con sede social, una casa de vigilantes, un aparthotel de siete edificios, una cafetería, un pabellón de vestuarios, una piscina de 350 metros cuadrados y pistas de tenis. En total, el GOB calcula que serán unas 450 plazas turísticas.
Los ecologistas presentaron el recurso contra el acuerdo del Consell de Mallorca porque el proyecto «además del impacto ambiental y paisajístico que ocasiona, choca de frente» con las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), la Ley de Suelo Rústico y el Pla Territorial de Mallorca.
Además, el GOB también analiza las consecuencias del aumento de la oferta turística y residencial o el «consumo espectacular de pesticidas y herbicidas».
«Desde nuestro punto de vista, la ejecución de este proyecto implica consecuencias ambientales, económicas, sociales y paisajísticas negativas», afirman los ecologistas en un comunicado. En este sentido, añaden que «por todo esto no observamos motivos para que el proyecto sea declarado de interés general, sino todo lo contrario, puede ocasionar impactos indudables».
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