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A.HERNANDEZ
La investigación judicial sobre una supuesta trama de corrupción en el Ajuntament de Santa Margalida sigue su curso. Ayer, fue el turno del portavoz del PSOE local, Miquel Cifre, quien acudió a la Fiscalía para declarar en calidad de testigo después de denunciar con insistencia irregularidades municipales. Precisamente, sus continuas declaraciones sin tapujos en relación a la gestión del equipo de gobierno (PP-CPU) han sido las que han llevado a Cifre ante el teniente fiscal de Baleares, Ladislao Roig, ante el cual el socialista manifestó haber dicho «toda la verdad» y haber «ratificado sus denuncias» sobre la corruptela margalidana. Cifre manifestó ante el fiscal «no sé valorar si es corrupción o no pero desde luego se han cometido muchas irregularidades». En relación a las Normas Subsidiarias Cifre manifestó que «no se han hecho en base al interés general», tal y como ya advirtió en diciembre del 2005 cuando su partido presentó una serie de alegaciones a su aprobación inicial «por haber una clara connivencia entre intereses privados y poderes públicos».

Explicó al fiscal el «oscurantismo» del planeamiento urbanístico (cabe recordar que el alcalde, Antoni del Olmo (PP), se negó a que los técnicos acudieran al pleno para explicar la normativa en enero del 2006) y ratificó haber declarado, «ya que todo el pueblo hablaba de ello», que «las recalificaciones urbanísticas se cobraban a 30 euros el metro cuadrado». Cifre declaró sobre algunos temas concretos, como «la alegación que el PSOE presentó en relación a la recalificación irregular de la Costa de'n Piulo o del sector ocho de Can Picafort», recalificación que desató la polémica este verano cuando un periódico local publicó que el alcalde, Antoni del Olmo, había implicado al conseller de Territori, Bartomeu Vicens, en la reclasificación de 58.000 metros cuadrados de rústico a urbano.

El socialista también fue preguntado por el fiscal sobre un contencioso administrativo que el PSOE interpuso en el 2004 contra la Conselleria de Medi Ambient «por considerar irregular la autorización a la empresa SOREA para extraer agua de los pozos de sa Teulada». Sin embargo, Cifre manifestó que el fiscal no le pidió nada en relación al presunto soborno destapado por el edil Joan Ferragut del que Cifre tenía conocimiento porqué el mismo Ferragut se lo había contado y tampoco sobre el convenio con la empresa Pastor, recalificación de la que la policía judicial pidió información al Ajuntament a principios de año.