En dicho acuerdo se establecía que el Ajuntament cedía una parcela urbana de unos 19.000 metros cuadrados conocida como la Q19 valorada en unos 14 millones de euros a la familia Nigorra, en base a una interlocutoria judicial del pasado 31 de octubre.
Con dicho auto judicial se ejecutaba una sentencia del año 1983 del TSJB en el que se condenaba a ceder a Imisa (hoy Hàbitat Golf Santa Ponça SL) unos terrenos como contraprestación al 10 por ciento del aprovechamiento medio.
Cabe recordar que en dicho pleno el concejal de UM, Isidro Cañellas, abandonó la sesión plenaria para no apoyar un expediente «oscuro y muy extraño». Incluso hasta el concejal tránsfuga, que participa habitualmente en las reuniones del grupo popular en el Ajuntament, se abstuvo en la votación y se desmarcó del resto de ediles del PP y del alcalde Carlos Delgado.
El PSOE, que votó en contra, calificó el acuerdo urbanístico Delgado-Nigorra como «otro presunto pelotazo» y recordó que desde 1990 hasta ahora «había un acuerdo entre el Ajuntament y Nigorra por dejar las cosas como estaban, ya que el Consistorio había perdido la Pinada de Santa Ponça, según la Ley de Costas, e Imisa había perdido el 10% del aprovechamiento». En el pleno, los socialistas manifestaron estar convencidos de que los Nigorra «han esperado a que gobierne su amigo Carlos Delgado para ejecutar la sentencia e indicaron que en este convenio urbanístico «no ha intervenido ningún funcionario municipal». UM también declaró que «junto a la recepción de Santa Ponça, es el mayor escándalo de esta legislatura».
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