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LL.GARCIA
Por segunda vez durante esta legislatura un acto judicial obliga al alcalde de Sóller a cumplir de forma inmediata una sentencia de demolición bajo la amenaza de que el primer edil - en éste caso Carlos Simarro - tendrá que pagar una multa de 1.000 euros mensuales durante los tres primeros meses de incumplimiento y, a partir de este momento, 1.000 euros cada semana hasta que se ejecute la orden.

De momento el Ajuntament tiene cuatro meses para cerrar este expediente, del cual tendrá que darse cuenta públicamente en el primer pleno que se realice así como en el Consell Consultiu. Cada dos meses el juzgado que ha ordenado la demolición también tendrá que ser informado.

Esta es la segunda vez que un juez obliga al alcalde con aviso de multa por la no ejecución de una demolición ordenada. En el 2004, otra resolución judicial le advirtió de que podría ser procesado por desobediencia a la autoridad por no haber ejecutado una sentencia de demolición y le imponía una multa inicial de 600 euros mensuales. En aquel caso se trataba de una terraza que la propietaria accedió a derribar voluntariamente.