La primera orden de demolición en el municipio no sorprende a la oposición

Según la portavoz de UM en el Consistorio andritxo, Isabel Alemany, la aparición de sentencias judiciales como la dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Balears (TSJB), era un hecho previsible. «Se veía venir», añadió.

En este sentido, Alemany manifestó que el Ajuntament deberá acatar la sentencia, ejecutarla e indemnizar a los afectados. No obstante, añadió la portavoz nacionalista, también es responsabilidad del Consistorio el depurar responsabilidades a la hora de hacer frente a las mencionadas indemnizaciones. «Si se demuestra que ha existido algún tipo de delito en la concesión de la licencia se podrá ir contra el patrimonio de los infractores, de lo contrario, deberá ser el Ajuntament quien se haga cargo de las mismas», sentenció.

De similar manera se expresó el portavoz del PSOE, José Àngel Prieto, quien advirtió que si la licencia se otorgó en base a informes falsos se deberán exigir responsabilidades a los funcionarios implicados en la concesión del permiso urbanístico.

Asimismo, a la espera de que se depuren responsabilidades «y se decida qué hacer con la gente que tiene viviendas en el bloque se ha ordenado demoler», el representante socialista advirtió de que el Ajuntament d'Andratx «deberá acatar la sentencia judicial y acatarla».

Por su parte, el alcalde Jaume Porsell (PP) rehusó hacer declaraciones respecto a la orden judicial ya que se encontraba en Berlín y no conocía los pormenores de la misma.

Cabe recordar que tal y como adelantó ayer este diario, el TSJB ha ordenado al Ajuntament d'Andratx que tramite «con la máxima celeridad y urgencia» el expediente para demoler un edificio de viviendas construido en un solar destinado a aparcamientos.

Asimismo, la sentencia obliga al Consistorio a «restituir los terrenos al estado original para su utilización pública como estacionamiento, conforme al destino establecido por el vigente Plan General de Ordenación Urbana», según reza el fallo judicial contra el que no cabe recurso ordinario.