19/04/07 0:00
TW
0

R.P.F.
El alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PP), compareció ayer en rueda de prensa para defender que la polémica urbanización de Cala Murada, donde se construyen 333 viviendas, se ha tramitado con «máxima transparencia» y bajo «una postura muy clara de todos los técnicos y los políticos del Ajuntament». De esta manera Pastor salía del paso de las acusaciones que apuntaban a él y a dirigentes de su partido como responsables de una trama de corrupción urbanística.

Recordar que en 1991, los promotores firmaron un convenio con el Ajuntament para llevar a cabo esta urbanización. El 10 por ciento de aprovechamiento del Ajuntament se valoró en 40.000.000 de pesetas de entonces. Posteriormente el Consell de Mallorca desclasificó la zona y la promotora recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia que le dio la razón.

Poco antes de finalizar la legislatura de 1999, la alcaldesa del PP, Catalina Sureda, dio luz verde a la urbanización. Su sucesor, Miquel Riera, paralizó la urbanización ante la desclasificación del Consell que había presentado recurso de casación ante el Supremo, que lo desestimó. Sin embargo, tres meses antes de que el Supremo dictaminara, Antoni Pastor, ya en 2004, concedió licencia al proyecto. El jurista del Ajuntament, Felipe Pou, dice que se concedió licencia antes de conocer la sentencia del Supremo porque una sentencia similar de Valldemossa «arrastra la nulidad de todas las normas complementarias». Por su parte, ALM-UM, anunció su apoyo al pleno extraordinario reclamado por PSOE y PSM, para pedir explicaciones a Pastor sobre la tramitación de este expediente y reclamar «transparencia».