La Fiscalía de Medio Ambiente de Balears ha registrado una nueva denuncia de presunta corrupción urbanística que, en esta ocasión, afecta al municipio de Selva. La acusación apunta al equipo de gobierno popular del Ajuntament de Selva que preside Joan Rotger (PP), director general de Interior, por otorgar, de forma sistemática, licencias de obra irregulares en suelo rústico. La denuncia, que se presentó en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia por un particular el pasado 27 de abril, incluye una relación de 32 licencias concedidas entre 2002 y 2003 en parcelas de suelo rústico común -en su mayoría- para viviendas unifamiliares que «constituyen claras irregularidades al no cumplir la normativa vigente». Se trata, en concreto, de licencias para obras reforma y ampliación de viviendas unifamiliares, casetas de aperos, rehabilitaciones o reconstrucciones en parcelas -en todos los casos- con una superficie inferior a las permitidas legalmente para realizar este tipo de actuaciones (14.000 metros cuadrados).
Emodus operandi de la trama denunciada en Selva es similar al empleado por el Ajuntament d'Andratx al vulnerar la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Suelo Rústico. Esta normativa pone de manifiesto que para poder construir o ampliar una vivienda unifamiliar en suelo rústico se ha de acreditar que existía otra en esos terrenos. El promotor ha de tener cédula de habitabilidad, licencia de obra de cuando se construyó, así como autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo. La denuncia de Selva pone en entredicho que se cumplan estas condiciones.
Así, saltándose esta disposición, en parcelas en las que no es posible construir una vivienda, el Ajuntament de Selva habría ido otorgando docenas de licencias de ampliación que, de hecho, son nuevas construcciones en parcelas que no son edificables. «Incompresiblemente, la comisión de gobierno del Ajuntament de Selva, normalmente con informes del técnico municipal, otorga estas licencias, así como finales de obra», dice la denuncia y añade: «La realidad es que en muchos de estos casos hemos podido detectar, en las parcelas en cuestión antes del otorgamiento de las nuevas licencias, no hay ninguna edificación, o si la hay, no es una vivienda, sino pequeñas edificicaciones antiguas o modernas». Según el Código Penal, la comisión de gobierno del Ajuntament podría haber incurrido en un presunto delito de falsificación de documentos y de prevaricación al existir informes y licencias contrarias a las normativas urbanísticas vigentes, otorgadas por autoridades y funcionarios públicos.
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