Vista general del suelo rústico en el núcleo de Caimari.

Vista general del suelo rústico en el núcleo de Caimari.

04/05/07 0:00
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CARMEN RUIZ DE GALARRETA/J.T.
El Consell de Mallorca, en concreto el Departament de Territori, ha requerido este mismo año en dos ocasiones al Ajuntament de Selva para reactivar la tramitación del planeamiento municipal, llamamientos que han sido ignorados. Selva es el único municipio de Mallorca que no tiene una normativa para regular el urbanismo, de tal forma que para el Consell es difícil hacer un seguimiento de las edificaciones que se ejecutan en el municipio, según explicó ayer a este diario el conseller Bartomeu Vicens. «No tener un planeamiento facilita cualquier ilegalidad; no sabemos qué tipo de licencias se dan ni dónde», indicó Vicens en torno a la denuncia presentada ante la Fiscalía por la presunta concesión sistemática de licencias irregulares en suelo rústico. El Ajuntament de Selva comenzó la tramitación de sus Normas Subsidiarias en 2002 con la aprobación municipal, pero cinco años después el pueblo sigue sin regulación urbanística. De hecho, éstas se remitieron al Consell que no las pudo aprobar de forma inicial por no disponer del dictamen de la Comissió Balear de Medi Ambient, determinante y preceptivo. En 2006, el Ajuntament las retiró del organismo insular.

La primera notificación del Consell se realizó en febrero de este año. El conseller del Territorio hacía saber al alcalde Joan Rotger (PP), director general de Interior, que los plazos para resolver el expediente de planeamiento «continúan interrumpidos» mientras no haya el informe de Medi Ambient. El segundo toque de atención se dio el pasado abril. «Este conseller considera oportuno recordarle la necesidad y conveniencia» de tramitar las normas, decía la carta. Se da la circunstancia, además, que Selva, después de Andratx, es el municipio que el Consell más veces ha llevado al Ajuntament a los tribunales para impugnar licencias. Entre 2003 y 2006 se realizaron 20 impugnaciones: 7 en Andratx, 5 en Selva y una en ocho municipios más. «Se trata de una medida bastante excepcional y se acude cuando las licencias están mal dadas y puede haber ilegalidades», aseguró Vicens, quien destacó la envergadura de la denuncia presentada en Fiscalía y la manera de actuar similar a Andratx.

Según esta denuncia, el Ajuntament habría permitido realizar ampliaciones y construcción de viviendas nuevas en parcelas que no disponen de la superficie mínima permitida en suelo rústico (14.000 metros cuadrados). Las reacciones ayer no se hicieron esperar. Maria Antònia Munar, presidenta del Consell, dijo que habría motivos para romper el pacto con el PP tras el «caso Andratx» y las irregularidades urbanísticas denunciadas en Selva, pero «no es el momento». «La corrupción es lo más triste que ha pasado (en esta legislatura) y manifesté mi descontento con estos hechos», aseguró. Por su parte, Cosme Bonet, coordinador electoral de los socialistas, pidió «a los populares que en explicaciones sobre este nuevo caso de presunta corrupción urbanística que afecta a un alcalde popular», que además es director general d''Interior.