La acusación particular ejercida por el ex concejal socialista Juan José Maestre Gómez solicita que se imponga la pena de seis años de cárcel (tres para cada uno) al alcalde de Llucmajor, Lluc Tomás, y al ex concejal Joaquín Rabasco, por sus respectivas participaciones en una supuesta trama de desvío de fondos públicos. Además, exige para ambos que indemnicen al Ajuntament con casi un millón de euros (949.636,55 euros) en concepto de responsabilidad civil por la supuesta comisión de hasta siete delitos: cohecho, negociaciones prohibidas, defraudación a la administración, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación continuada y alzamiento de bienes.
Con respecto a María del Amor Aldao Muiño, supuesta «socia» de Rabasco de acuerdo al relato de los hechos de la acusación, representada por el abogado Antoni Diéguez, se piden 4 años de prisión, multa de 949.636,55 euros e inhabilitación especial por 9 años. El escrito señala que Lluc Tomás pudo incurrir en un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y otro de defraudación a la administración, al garantizar a Joaquín Rabasco que «la contratación de espectáculos públicos y actividades recreativas de la zona municipal de influencia política se le adjudicaría utilizando como tapadera una serie de sociedades que debería constituir».
Esas sociedades, según la acusación, serían administradas por María del Amor Aldao. «Todo ello con la finalidad de recompensar el apoyo político del concejal Rabasco, garantizar al concejal Rabasco medios económicos para su actividad política y también provecho particular, en perjuicio de los intereses municipales», subraya el escrito.
El fiscal anticorrupción de Balears, Joan Carrau, ya se ha pronunciado en esta causa y considera que Rabasco puede ser condenado a 18 años de cárcel si es hallado culpable de todos los delitos que se le imputan. El pasado año solicitó al juez que como medida cautelar le retirara el pasaporte, al igual que a Del Amor Aldao. Lluc Tomàs, por su parte, ya ha declarado ante el juez sobre esa supuesta trama de desvío de dinero público. Dijo que siempre había actuado en los expedientes de contratación conforme a las disposiciones legales y fiándose de lo que certificaba el secretario o el interventor.
La acusación, asimismo, solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.