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MARTA MEDRANO La Asociación de Usuarios y Amarradores del Port de Pollença solicitará en breve una reunión con el responsable de Ports del Govern para pedirle que se ordenen los amarres públicos y se ponga fin a la situación de «amiguismo» e «intercambio de favores políticos» que, aseguran, les ha perjudicado en los últimos cuatro años.

Actualmente, la lista de espera para disponer de un amarre llega a las 365 personas en el Port de Pollença. Sin embargo, los usuarios calculan que existen 130 plazas en un régimen indeterminado que se alquilan bajo la denominación de transeúntes y en las que, teóricamente, el barco puede estar un máximo de tres días. El precio de estas plazas que no salen a concurso casi dobla al de una plaza fija de amarre y, por ello, esta asociación exigirá al departamento de Ports del Govern que las adjudiquen. La asociación se siente «estafada», porque además en verano el precio de una plaza se triplica. «Hace años que pedimos que se ordene esta situación, porque en verano un amarre de unos siete metros cuesta 800 euros durante tres meses, mientras que el paquete que pagamos por amarrar el resto del año asciende a 1.000 euros. Estamos en un puerto público, pero los precios que pagamos son superiores al de cualquier Club Náutico y todo porque durante los últimos años ha habido un favoritismo político hacia los explotadores del Port que nos perjudica a todos», dice el presidente de la entidad, José Luis Carsi, que espera que ahora el Govern tenga «un mejor talante». Carsi añade que, además, pedirán que el Port se adapte los sistemas de seguridad y medioambientales a las nuevas leyes.