El Ajuntament de Calvià decidió ayer excluir del consejo de administración de Calvià 2000 a los representantes de la sociedad civil (empresarios y sindicalistas) que desde la fundación de la empresa pública siempre habían formado parte de su máximo órgano decisorio.
Los estatutos de Calvià 2000 prevén que su consejo de administración esté compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de nueve. De esta manera el alcalde Carlos Delgado ha decidido que el consejo de administración este compuesto por nueve representantes: los concejales Bartomeu Bonafé (PP), Manuel Grillé (PP) y Marta de Teba (PSOE), más los directores generales del Consistorio Antoni Rami, Joaquín Legaza, Jaime Martínez y Sergio Bertrán, y el funcionario Miguel Cañellas.
El portavoz del PSOE, Antoni Manchado, votó contra la nueva composición del consejo de administración de Calvià 2000 aludiendo a la exclusión de los miembros de la sociedad civil. El voto del portavoz de UM, Isidre Cañellas, también fue contrario a los nombramientos por estar disconforme con la desaparición del sector empresarial y sindical del consejo de administración. Bartomeu Bonafé y Carlos Delgado justificaron su decisión de prescindir de los miembros de la sociedad civil manifestando que ésta tendrá otras vías para contactar con la Administración, y que los nuevos nombramientos no se han hecho para excluir a los miembros de la sociedad civil sino para profesionalizar el consejo.
Por otra parte, después de la Junta General de Accionistas de Calvià 2000, el pleno municipal se reunió en sesión ordinaria para aprobar la modificación de los precios del agua que se suministra a Santa Ponça mediante una moción de urgencia que la teniente de alcalde Teresa Martorell (PP) justificó diciendo que hacía cinco años que no se variaban las tarifas.
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