¿Se derribarán los chalets de Llucalcari?

¿Se llegarán a derribar los chalets ilegales de Llucalcari? Transcurridos dos años y cinco meses desde que el Tribunal Supremo anulase las licencias y diese luz verde a la demolición, las viviendas ahí siguen y, a corto plazo, no se prevé su desaparición del espectacular enclave. Incluso van surgiendo comentarios de que se han realizado destrozos más clamorosos en la costa en los últimos años. Aunque así sea, lo cierto es que los cuatro chalets se construyeron de forma ilegal como así lo determinaron los tribunales en diez años de contenciosos.

El alcalde Jaume Crespí (PP) cree que finalmente los chalets se demolerán, pero no será el Ajuntament el que corra con los gastos. «Nosotros no podemos pagar ni el derribo ni las indemnizaciones. Si fuera así, el Consistorio tendría que cerrar», asegura Crespí.

El problema ha surgido ahora con el cambio de Govern. El Ajuntament se había dirigido por escrito a la Direcció General d'Ordenació del Territori que dirigía Jaume Massot, aunque no llegó a garantizar ninguna ayuda. Ahora, el alcalde tiene previsto dirigirse al nuevo director general de este área, Bernat Aguiló, del Bloc, para plantear de nuevo la demolición.

Por parte de los tribunales, no ha habido más requerimientos al Ajuntament. De hecho, según afirmó ayer Crespí, el Consistorio envió al tribunal el plan a seguir para la demolición, pero «no ha contestado si lo acepta o no». Mientras, los ecologistas ya han solicitado en tres ocasiones desde marzo de 2005 que adopte medidas penales contra la Corporación de Deià por no ejecutar la sentencia.

Para el GOB, el Ajuntament mantiene una actitud «de mala fe y desobediencia a los tribunales», lo que considera «inasumible en un estado de derecho». Asimismo, en febrero de este mismo año, el Tribunal Superior requirió al alcalde para que en un plazo de dos meses tramitase el expediente de demolición de las cuatro construcciones y si agotado el plazo no era así, se impondría una multa de 600 euros mensuales, al principio, y semanales hasta hacerse efectivo el derribo. Han transcurrido más de dos meses, pero no se aplicado ninguna sanción.