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Junto a la subida generalizada de impuestos, el alcalde de Calvià, Carlos Delgado, ha recurrido al endurecimiento de las sanciones. En las nuevas ordenanzas sancionadoras se instaura un nuevo elemento de sanción: el cepo. Así, en el 2008, esta medida servirá para inmovilizar vehículos mal estacionados. Su retirada estará condicionada al pago de una tasa de 55 euros.

Según fuentes municipales, los cepos llevan meses comprados y al no haberse utilizado, se encuentran ya en mal estado.
Paralelamente a la aprobación de esta normativa, el Ajuntament ha iniciado una febril actividad recaudadora. De esta manera, en poco más de dos semanas se han notificado hasta ocho mil expedientes para apremiar el cobro de impuestos o para exigir vía ejecutiva el pago de multas. El cauce seguido para instar al pago de estas cantidades es el Boletín Oficial de las Islas Baleares. Se trata de un procedicimiento excepcional, que los consistorios siguen sólo en determinados casos muy puntuales. De hecho, ningún otro municipio notifica con tanta frecuencia por esta vía. Se trata de largas listas de nombres, algunas de más de veinte páginas, la última de ellas publicada el día de ayer. En la mayor parte de los casos se trata de providencias de apremio, de las que no se libran ni las organizaciones ciudadanas.

Apremio a asociaciones
Así, el Ajuntament reclama a la Asociación de Vecinos Galatzó el pago de mil quinientos euros en concepto de nueve tasas e impuestos municipales. Se trata de una providencia de apremio, que da quince días para que las personas citadas en el boletín acudan al Ajuntament para retirar la notificaciones.

Ya con la subida de impuestos, el Ajuntament estimó que ingresaría hasta cinco millones de euros más en el año 2008. A esta cifra habría que sumar la cantidad que obtenga por el cobro del cepo y de las sanciones de tráfico. Esta cantidad deberá hacer frente a la subida de partidas como los sueldos de los cargos públicos, en los que destaca el del propio alcalde, el mejor pagado de Baleares, y los tres millones de euros que el Ajuntament gasta en asesores designados por el primer edil.