La asociación de propietarios de Cala Carbo-Ullal anuncian que tomarán medidas si el decreto-ley de medidas cautelares les impide aprovechar la edificabilidad que les permite el planeamiento vigente. Los dueños de los terrenos afirman que Cala Carbó ya está protegida y que, por lo tanto no son necesarias medidas adicionales de salvaguarda. En cualquier caso, advierten que el Govern tendría que afrontar indemnizaciones de más de cien millones de euros.
La zona de Cala Carbó está protegida dentro del Plan Territorial de Mallorca. En aquel momento, se trataba de un terreno urbanizable, por lo que se compensó a los propietarios con suelo en Ullal. El planeamiento definitivo para esta zona está pendiente de que el Ajuntament adapte el Plan General y que se apruebe el decreto de zonas húmedas del Govern que delimite el humedal que se encuentra en esta zona. El proyecto de urbanización con el que cuentan los propietarios prevé salvaguardar ese espacio con un proyecto de recuperación y puesta en valor de cerca de 30.000 metros cuadrados.
En total, los propietarios prevén construir 214 viviendas en la zona, a lo que habría que añadir nuevos viales que permitirían dar continuidad al trazado del Port de Pollença y así peatonalizar la primera línea de playa.
La asociación de propietarios espera que se aclaren cuanto antes las dudas sobre el proyecto. Según su secretario, Salvador Rivas, sienten que están en una situación de «inseguridad jurídica, porque no sabemos si el decreto complementa o no al Plan Territorial».
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