De los doce bares musicales de Manacor, sólo tres tienen licencia.

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Veintiocho vecinos del centro de Manacor han interpuesto un pleito por molestias contra los doce bares musicales de la ciudad. Los vecinos reclaman también una indemnización de 1.562.400 euros al Ajuntament porque consideran que el Consistorio es el responsable de las molestias, ya que permite que los bares sin licencia de actividades continúen abiertos. Además, los vecinos consideran que, debido a la marcha nocturna, sus casas han perdido valor.

En el pleno del pasado lunes, el equipo de gobierno anunció que se habían paralizado las actividades de todos los bares musicales de Manacor y que, si todo va como prevé la ley, el próximo fin de semana al policía habrá precintado ocho bares.

Los locales afectados son Àtic, Sa Plaça, Unic, Imagine, La Boite, dec'n'festa y Aha. El octavo local, Grimmis, podrá abrir sus puertas sin actividad musical.

Indemnizaciones
El abogado del Ajuntament, Felipe Pou, afirma que «hace cuatro años que existen denuncias puntuales, pero es la primera vez que un grupo de vecinos pide el cierre de todos los bares musicales e indemnizaciones al Ajuntament».

Pou explica que los veintiocho vecinos «han valorado en 12.000 euros la devaluación de cada una de sus viviendas» y que además «cada uno de ellos pide 43.800 euros de indemnización por las molestias que han tenido que sufrir durante los últimos cuatro años». Pou anunció que «si el Ajuntament es condenado, exigirá a los propietarios de los bares que paguen la cantidad que establezca el juez».

Por su parte, el regidor de Comercio, Andreu Vecina, anunció el lunes pasado que el Ajuntament había «reclamado el cierre de los bares sin licencia de actividades» y que sus propietarios tenían cinco días para acreditar la legalidad de sus establecimientos. La ley prevé que, una vez pasado el plazo, el Ajuntament dispone de 48 horas para proceder al precinto de los locales. Según el abogado municipal, el cierre «será indefinido y no se levantará hasta que se obtengan las licencias pertinentes».

Pou anunció que se acelerarán los trámites para otorgar las licencias a los locales que puedan acreditar su legalidad. Según sus previsiones, algunos de ellos podrían tener la licencia en uno o dos meses, y recuerda que «se tendrá que esperar seis meses o un año hasta que el juez dicte sentencia».