El Fondo Estatal de Inversión Local promovido por el Gobierno de Zapatero dará empleo a más de 4.000 personas en Mallorca, según los datos recogidos por este diario a falta de un día para concluir el plazo dado a los ayuntamientos para presentar los proyectos ante el Ministerio de Administraciones Públicas.
Los ayuntamientos de la Isla ultiman esta semana la tramitación necesaria para arrancar el plan especial de la Administración central socialista, que tiene como objeto aumentar la inversión pública en el ámbito local y que comportará tanto el mantenimiento como la creación de nuevo empleo. De hecho, en la documentación a adjuntar en la memoria de inversión se exige, además del presupuesto y los plazos, las personas a ocupar en cada proyecto.
En total, en la Isla, los ayuntamientos ejecutarán 459 proyectos que comenzarán de inmediato una vez sean aprobados por el Ministerio. Joan Ferrà, presidente de la Federació d'Entitas Locals de Balears (FELIB), explica a este periódico que muchos ayuntamientos han optado por ejecutar pequeñas obras «para las que no había una línea de subvención concreta», y que no llegaban a realizarse. Otros, los menos, en cambio, han optado por obras de envergadura que por fin serán una realidad.
El tipo de obras son de lo más variadas, y van desde la renovación de alumbrado a la construcción de muros de contención o a la rehabilitación de edificios municipales. La mejora de redes de agua, la ampliación de cementerios o la creación de parques infantiles, son otras obras que veremos cómo se desarrollarán en los próximos meses.
Los ayuntamientos, preferentemente, quieren que las obras las ejecuten empresas locales para dinamizar la economía de sus municipios, tal y como marca el decreto ley por el que se aprobó el fondo estatal de inversión local. En este sentido, Ferrà asegura que éste es el objetivo de la mayoría de alcaldes. «Como serán pequeños proyectos, éstos son apetecibles para las empresas locales», afirma.
En concreto, los contratos deben tener un valor inferior a los 5 millones de euros y las obras deberán sacarse a licitación pública por cualquiera de los procedimientos (abierto, restringido o negociado con o sin publicidad) previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, o ser tramitada como contrato menor. Isabel Moreno, edil de Hacienda de Bunyola, criticó que el 16 por ciento se vaya en el pago del IVA y que otra parte, entre un 18 y 20 por ciento, en la elaboración del proyecto o dirección de obra. Aun así los alcaldes alaban la iniciativa del Gobierno. Miquel Ferrer, de Alcúdia, indica que «no se resuelve el problema de financiación municipal, pero es un dinero que nos viene bien». El batle de Valldemossa, Jaume Vila, asegura que han aprovechado para llevar a cabo pequeños proyectos que no llegaban a hacerse nunca. «Son obras que pensábamos que podrían hacer las brigadas municipales, pero que no ha sido así».
A juicio de Joan Ferrà, alcalde de Puigpunyent, «si el plan cumple el objetivo de reactivar la economía sería conveniente que el Gobierno de Zapatero sacara una nueva línea de ayudas a final de año».
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