Una familia que perdió su propiedad por el deslinde de Costas se dirige al Parlamento Europeo

«Imaginen que compran en España una bonita casa de vacaciones y que un día el Gobierno les dice que su casa es ilegal, porque se construyó sobre una duna y veinte años después de la construcción, una nueva ley declaró que las dunas son dominio público». Así iniciaba José Ortega, presidente de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas su discurso en el Parlamento Europeo el pasado 20 de enero.

El abogado, fundador de una plataforma nacional que representa a más de 45.000 afectados por la Ley de Costas, ha conseguido implicar a las embajadas francesa y británica para defender los intereses de los particulares que luchan, en algunos casos, desde hace treinta años, por mantener la propiedad de sus hogares que pasaron a pertenecer al Estado tras el primer deslinde de Costas aprobado bajo el régimen franquista.

En Balears, Magdalena Cabrer y Santiago Domenech, propietarios de Can Piquero, una de las casas más fotografiadas del Port de Pollença, son el claro exponente de esta lucha que por primera vez empieza a dar sus frutos. El Parlamento Europeo, tras escuchar la intervención de Ortega ha admitido por primera vez la necesidad de revisar una situación que tiene a 45.000 familias en vilo.

El Ministerio de Medio Ambiente anuncia además una reforma en la Ley de Costas que suavizaría la situación que viven los afectados que con la ley en la mano hoy pierden todo derecho de propiedad sobre sus casas sin derecho alguno a indemnización. Costas les ofrece únicamente la posibilidad de obtener una concesión del uso de la vivienda por un período de treinta años, prorrogable a otros treinta. Firmar la aceptación de la concesión implica inmediatamente admitir la renuncia a la propiedad, algo a lo que se opone radicalmente la familia Domenech Cabrer, pendiente de la aprobación definitiva del deslinde probablemente en el plazo de tres meses.

Su casa, situada junto a la desembocadura del torrente de la Gola data de 1927. Fue el abuelo Juan Gelabert quien al regresar de la guerra de Cuba compró el solar donde hoy se levanta una vivienda espectacular de estética indiana. Cumplía y cumple escrupulosamente con la normativa vigente, pero el deslinde de Costas la deja completamente en zona de dominio público anulando después de cuatro generaciones todo el derecho de propiedad sin indemnización alguna.