La dirección de Casa Buades, empresa que pertenece al grupo alemán Teka, ha solicitado al Ajuntament la recalificación de sus terrenos en suelo comercial. El martes por la noche el gerente de Casa Buades, Diego Recio, y el director general de la división Baño del grupo Teka, Arturo Baldasano, junto con su abogado Salvador Cànoves, se reunieron con el alcalde Jeroni Salom (PP) y los regidores de la oposición, Bartomeu Abrines (PSM), Josep Martí (Esquerra-Independents), Víctor Martí (UM) y Polita Crespí, Maria Ferrer y Josep Mª Pons (PSOE).
Éste fue el primer encuentro formal entre ambas partes, en el que la empresa expuso su petición de la recalificación de los 24.000 metros cuadrados de suelo industrial que actualmente ocupa Casa Buades en suelo comercial. Asimismo, según el alcalde Jeroni Salom, «los directivos manifestaron que necesitan la ayuda del Ajuntament para llevar a cabo el plan de viabilidad y que Buades pasaría a ocupar unos 7.000 metros cuadrados». Además, no descartaron posibles ventas futuras, después de la recalificación de los terrenos», según añadió Salom. Sin embargo, fuentes próximas a la empresa reiteraron su voluntad de no vender ni trasladar la ubicación de la empresa.
Por su parte, desde el Ajuntament solicitaron a la empresa una copia escrita de la propuesta, así como la garantía de continuidad de la empresa en el municipio más allá de un año, fecha que contempla el plan de viabilidad. Asimismo, Salom, que ayer a mediodía recibió en el Ajuntament a los miembros del comité de empresa de Casa Buades, reiteró su voluntad de «no recalificar sin ninguna garantía de futuro». Además, Salom recogió la preocupación de los trabajadores, que entienden que el plan de viabilidad presentado por la empresa prevé el cierre de la fábrica a corto plazo. Por otra parte, el PP, que gobierna en minoría el Ajuntament de Binissalem, necesitaría el apoyo de al menos un regidor de la oposición para poder llevar a cabo la recalificación de los terrenos de Buades. En este sentido, el alcalde Jeroni Salom manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo con todos los grupos políticos del Ajuntament a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de recalificación, así como el riguroso cumplimiento de la normativa urbanística vigente.
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