El 'caso Caballistas' ha llegado a su punto final en los tribunales. La Sala Segunda del Supremo comunicó ayer que la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Balears (TSJB) adquiere firmeza al no haber ratificado en plazo el Ministerio Público su anunciado recurso contra la absolución de diez de los catorce encausados.
Camino de los cuatro años desde que un juzgado de Manacor abrió las diligencias que darían lugar por denuncia de un particular al 'caso Caballistas' -y con paso posterior por oficinas judiciales de Inca, Palma y Tribunal Superior de Balears-, el proceso ha finalizado.
El auto del Supremo se refiere al recurso de casación contra la sentencia del TSJB, anunciado el 28 de diciembre pasado por la Fiscalía de Balears, para el que tenía plazo tasado, y tras hacerse eco de que «ha transcurrido dicho término sin haberlo verificado», declara que el acto queda «desierto», e impone las costas al Ministerio Público.
Con la firma del acusador público actuante en el juicio, el teniente fiscal de Balears, Ladislao Roig, el anuncio de recurso lo era por desacuerdo con la sentencia absolutoria del delito de falsedad en documento oficial cometido por autoridad por imprudencia grave, y se refería a Joan Jaume Mulet; Miquel Vidal Vidal; Joan Jaume Ramis; Catalina Soler Torres; Antoni Serra Mir; Joan Rubert Maura; Antonio del Olmo Dalmau; Joan Rotger Seguí y Gabriel Matas Alvover, todos ellos regidores o ex regidores por el PP en municipios mallorquines.
Las dos acusaciones particulares presentes en proceso y juicio, por cuenta de un privado y del grupo del PSIB-PSOE en el Consell de Mallorca, renunciaron a interponer recurso al Supremo.
El tribunal que juzgó el 'caso Caballistas', compuesto por tres magistrados componiendo la Sala de lo Penal del TSJB, libró como es preceptivo una certificación al Supremo haciendo constar que su sentencia lo fue por unanimidad de los oficiantes.
«La acusación no se sostenía, no era conforme a ley, como los letrados pusimos de manifiesto en el juicio, y es una gran satisfacción que se haya hecho justicia con la firmeza de la sentencia de los magistrados del TSJB», señaló ayer Rafael Perera, el único abogado presente en todas y cada una de las diligencias practicadas en el caso desde 2005.
Por su parte Llorenç Salvá, letrado de Sebastià Vidal, ex alcalde de Ses Salines y principal imputado durante el largo proceso, indicó tras tener constancia del auto del Supremo que «éste era no sólo el final deseado por quienes padecieron injustamente la imputación, sino también el reconocimiento tácito de una sentencia que estableció que la falsedad documental es algo muy distinto a lo que patrocinaron las acusaciones».
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