La Junta de Acreedores de la constructora de Sa Pobla Seguí Munar e Hijos acordó ayer proponer al titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, Víctor Fernández, una quita del 50% del pasivo que arrastra esa empresa, con una espera de cinco años, con lo cual la deuda de 5'3 millones de euros quedaría reducida a los 2'6 millones, aproximadamente.
Con la asistencia de sólo una cuarta parte de los 230 acreedores de la constructora 'pobler', la Junta se pudo celebrar y acordar esa quita y espera, propuesta por el propio deudor, al registrarse el quórum suficiente, según explicó un abogado personado en el proceso.
A partir de ahora, las partes dispondrán de diez días de plazo para impugnar ese acuerdo de los acreedores, y después, el juez adoptará una decisión.
Seguí Munar e Hijos solicitó en octubre de 2007 un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) para hacer frente al concurso necesario (quiebra) instada por diferentes empresas a las que esta constructora debía dinero, entre ellas, varias del sector de la construcción y pequeñas sociedades de Sa Pobla. Fue una de las primeras empresas en acusar una crisis del 'ladrillo' que en 2007 ya se adivinaba en el horizonte.
El juez decretó el con curso necesario y procedió a designar a los administradores concursales. Estos, fijaron el pasivo de la constructora en 5.308.014'52 euros, cantidad que, no obstante, aumentará hasta superar los 6 millones de euros debido a la existencia de otros créditos subordinados, privilegiados y contra la masa de la quiebra.
La quita y espera acordada por los acreedores es una propuesta hecha por el deudor insolvente por la que solicita a sus acreedores un aplazamiento en la exigibilidad de sus deudas (espera), o bien una condonación de parte de ellas (quita).
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