Lo habían avisado por activa y por pasiva. Ha pasado más de un año desde que el BOIB número 187 oficializaba la declaración de la Carretera vella de Pollença a Lluc como una carretera pública titularidad del Consell de Mallorca. La medida significaba el triunfo de los movimientos excursionistas más reivindicativos, que desde 2005, encabezados por la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, venían denunciando la interrupción de la ruta con barreras ilegales. No obstante la declaración oficial no implicó en la práctica cambio alguno. El correspondiente expediente de delimitación de esta carretera aún no ha sido abierto y las barreras permanecen en su sitio. Se cuentan más de cuatro entre Lluc y Pollença, una menos desde ayer.
Pasaban pocos minutos de las ocho de la mañana cuando un grupo de unas treinta personas, miembros de colectivos como la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, el Lobby per la Indepèndencia, Gadma y el Ateneo 31 de desembre, desmontaban la barrera que impedía el paso a través de la carretera vella en la finca de la Empaltada y la cargaban en una furgoneta para llevarla a la sede del Consell de Mallorca en la calle General Riera de Palma.
Los manifestantes encontraron cerrado precisamente con barreras el acceso a la sede del departamento insular de Medi Ambient, por lo que dejaron las barreras en la sede de Ordenació del Territori, en el número 113, junto a una pancarta en la que podía leerse el lema «Una de tantes». Curiosamente este es el mismo lema en el que basará su querella criminal contra los manifestantes el propietario de la finca de la Empaltada, Rafel Morro. Ayer a primera hora de la tarde denunciaba el «robo» ante la Guardia Civil dando cuenta de lo que considera como un «agravio comparativo» frente al resto de propietarios de las fincas que atraviesa la carretera que también tienen barreras instaladas.
El origen del problema se remonta al año 2005 cuando los propietarios de varias de las fincas instalaron barreras en los accesos a sus propiedades después de conveniar con el Consell Insular la habilitación de desvíos en el marco de medidas para recuperar la Ruta de Pedra en Sec. El Consell quiere ahora revocar esos convenios tras inventariar la carretera como propia.
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