Pro Camins estudia llevar al propietario de la finca de l'Empeltada ante los tribunales

La Plataforma, algunos de cuyos miembros participaron activamente en el serrado y traslado de la barrera hasta la sede del Consell de Mallorca el pasado sábado, busca ahora la confirmación del resto de asociaciones y plataformas colaboradoras en la protesta, entre ellas Gadma o el Lobby per la Indendència, antes de tramitar la demanda judicial por «daños y perjuicios causados contra una propiedad pública», según informó ayer Pro Camins Públics.

Por lo que se refiere a la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil del acto reivindicativo que protagonizaron el sábado una treintena de personas, el propietario de l'Empeltada recibió ayer la comunicación oficial de que las barreras de acceso a su finca están depositadas en la sede de la institución insular.

A pesar de la comunicación oficial Rafel Morro, propietario de l'Empeltada, ha descartado por el momento recoger dichas barreras para evitar que el procedimiento contra los manifestantes pueda saltar de la vía penal a la civil.

Morro comunicará a lo largo de la semana al Ajuntament de Pollença, que procederá en breve a instalar unas nuevas barreras en el acceso a la finca. Desde la oposición en el Ajuntament, Pepe García (EU) ya ha pedido publicamente que el Ajuntament informe al Consell de las intenciones del propietario de la Empaltada en el mismo momento que reciba dicha comunicación.

La Carretera Vella de Lluc forma parte del inventario de bienes propios del Consell de Mallorca desde 2007 pero aún no se ha abierto el expediente de delimitación de dicha carretera.

El propietario cerró el acceso a su finca en 2005 después de conveniar con el entonces conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Borràs, la cesión de parte de sus terrenos para crear un paso alternativo para la Ruta de Pedra en Sec, travesía que ha estado abierta desde entonces.