La crisis económica reabre la guerra entre los taxistas de Palma y los de la Part Forana

Los taxistas de la Part Forana han solicitado una reunión urgente con los responsables de la Conselleria de Mobilitat para que obliguen a sus homólogos de Palma a cumplir los convenios suscritos en 2001 por los que se comprometían a no recoger pasajeros en seis de los pueblos de la Part Forana a cambio de que los taxistas de estos pueblos no recogieran pasaje en el aeropuerto de Palma.

Denuncian el continuado «incumplimiento» de los acuerdos y explican que «cuando los taxistas de Palma recogen a los clientes en el aeropuerto en dirección a los pueblos costeros aprovechan para concertar el viaje de vuelta al aeropuerto para el día en que acaban las vacaciones e incluso cobran la mitad de este viaje de regreso o el viaje completo a cambio de garantizar la reserva».

Los taxistas de la Part Forana denuncian así lo que consideran como una clara «competencia desleal» y así se lo harán saber mañana a los responsables del Govern.

La guerra de los taxis se abrió en noviembre de 2000 con la entrada en vigor de la denominada reciprocidad del servicio del taxi en Mallorca a raíz de la publicación en el BOIB de la Orden del conseller d'Obres Públiques i Transports de 7 de noviembre de 2000.

Esta norma desarrolla el régimen específico de recogida y traslado de viajeros, previamente concertados, a puertos y a aeropuertos de Mallorca por titulares de autorizaciones del transporte público interurbano en vehículos de turismo y autotaxis.

La norma de reciprocidad daba vía libre a los taxistas de Palma para acudir a cargar a otros municipios de la Isla, siempre que se trate de un servicio preconcertado pero se establecieron seis excepciones: Calvià, Alcúdia, Muro, Inca, Sant Llorenç y Son Servera, municipios que solicitaron la no aplicación de la orden en su territorio tras renunciar sus profesionales a acudir a Palma.

Desde entonces hasta la fecha este pacto entre caballeros se había respetado pero los taxistas de la Part Forana denuncian ahora que en plena crisis económica «se han roto las reglas del juego» y solicitan una intervención urgente de la Administración pública.