El alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP), expresó ayer su «profundo malestar y estupefacción» por la resolución del Tribunal Superior de Justicia Balear que le condena a pagar personalmente una multa coercitiva de 600 euros mensuales y, posteriormente, semanales por no haber ejecutado la demolición de los chalés ilegales de Llucalcari. «Si la sentencia no se ha ejecutado ha sido por la falta de colaboración de las autoridades judiciales», aseguró de forma contundente.
El primer edil indicó que «evidentemente los servivios jurídicos municiaples recurrirán de forma inmediata el escrito de provisión» de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que le castiga a satisfacer una dura sanción.
Según argumentó Crespí, el Tribunal Superior no ha respondido hasta ahora a un escrito del Ajuntament fechado el 12 de noviembre en el que le solicitaba «auxilio jurisdiccional» a fin de que los técnicos pudieran acceder a las construcciones para poder realizar las mediciones oportunas y elaborar el proyecto de demolición. Como consecuencia a esta inexplicable falta de colaboración del TSJB, «el proyecto no se ha podido redactor, y, por consiguiente, ejecutar».
Actuaciones
El actual alcalde recordó que desde que la sentencia de demolición de los chalets fue firme, «el Consistorio inició los trámites para aplicarla. Se celebró un pleno en el que, por unanimidad, se acordó comunicar al juzgado su acatamiento y se le presentó un programa de ejecución que obtuvo el visto bueno del tribunal».
Incluso, según explicó ayer Crespí, a fin de cumplir paso a paso este programa de actuaciones, el pasado junio pasado el Ajuntament solicitó al Departament de Cooperació Local del Consell deMallorca «colaboración técnica para redactar un proyecto de demolición ante la carencia de medios técnicos y económicos de este Consistorio para su redacción».
La ayuda fue concedida por resolución del conseller de Cooperación en junio de 2006, pero los técnicos designados no pudieron acceder a las edificaciones, un hecho que ha confirmado el director general de cooperación del Consell, Joan Font: «El Consell contrató para esta finalidad los servicios de un arquitecto, pero como no pudo realizar este trabajo, lo comunicó al Ajuntament para que pidiera al juzgado la orden correspondiente, aunque ignoramos si lo ha hecho».
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