La plataforma Ma-15, que agrupa a los más de 50 afectados por las obras de desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, tiene previsto solicitar una reunión con técnicos y políticos del Consell de Mallorca para conocer el estado de sus expropiaciones, mientras continúan recopilando información sobre los casos particulares.
Unos casos que, según el portavoz y abogado de la plataforma, Antoni Frau, «alimentan que algunas de las expropiaciones se realizaron de manera arbitraria». El portavoz incidió en el hecho que «todavía hay propietarios que no tienen constancia legal de que han sido expropiados, otros que sólo han cobrado un pequeño porcentaje para la ocupación de sus terrenos y, otros, que no han visto ni un euro».
Es ante esta «inseguridad jurídica» que la plataforma exige una reunión con técnicos y políticos del Consell de Mallorca «para que nos aporten toda la documentación que necesitamos, ya que estamos muy poco satisfechos de cómo se han realizado los trámites de expropiación y del trazado», según Frau.
El abogado de la plataforma insinuó que el trazado de la carretera siguió «criterios arbitrarios en los que no se primó el interés general y sí el de algunos particulares». Así, hizo referencia a las rotondas de Vilafranca, en las que supuestamente se benefició a una gasolinera y a un restaurante. «No quiero acusar a nadie, a la espera de tener más información, pero en los planos iniciales de las obras de desdoblamiento, las rotondas no figuraban de esta manera» añadió Frau. En relación a estos hechos, se recordaron las alegaciones presentadas por el Ajuntament de Vilafranca.
Tras la intervención del abogado, quien reconoció que entre los afectados reina la indignación por todo lo sucedido, fueron los vecinos quienes apuntaron directamente a cuatro personajes con cierto «poder» y con influencias en UM -un empresario del sector del mueble en Algaida, otro cuya residencia se encuentra en Son Collell de Montuïri, los propietarios de una gasolinera en la entrada de Vilafranca y el dueño de un conocido restaurante de la misma localidad-, indicaron.
Los viales de servicio también fueron criticados por un vecino de Algaida. «Existe una discontinuidad caprichosa muy sospechosa. ¿Por qué? ¿A caso no todos somos iguales?» se preguntaba el algaidí. Muchos de los presentes aseguraron haber llegado a promesas verbales con el celador de obras Gabriel M., uno de los imputados por el 'caso Peaje'.
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