Expropiados de la carretera de Manacor critican los 'pactos verbales' de técnicos del Consell

La plataforma Ma-15, que defiende al conjunto de afectados por las obras de desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor. ha nombrado al abogado manacorí Antoni Frau como el defensor de los más de cien casos de expropiación y portavoz ante los medios.

En la primera entrevista concedida tras su nombramiento, Frau denuncia el proceder de una administración, como el Consell de Mallorca, que llegó a acuerdos verbales con algunos de los afectados por las expropiaciones de las obras, una práctica que no considera normal en una administración.

«Las administraciones no pueden funcionar mediante pactos o promesas verbales que no tienen validez si no se realizan por escrito. No es normal que se actúe de esta manera. No es una manera correcta de proceder», explica Antoni Frau al ser cuestionado sobre las compensaciones y arreglos de fincas que, al parecer, se comprometieron a hacer técnicos del Consell durante el desarrollo de las obras.

A los miembros de la plataforma se les ha acusado de oportunistas, al constituir la asociación tras destaparse el escándalo del 'caso Peaje'. Unas afirmaciones que Frau desmiente: «En primer lugar, tengo que decir que no se trata de oportunismo alguno porque se haya destapado el 'caso Peaje' ni de motivación política alguna. Simplemente las cosas han transcurrido de esta manera y un grupo de afectados ha contratado mis servicios para acelerar el cobro de las expropiaciones realizadas».

El portavoz recuerda que las expropiaciones siempre son polémicas «y en Manacor somos todavía mucho más conscientes de ello». Hay que recordar que en los últimos diez años, Manacor ha padecido cuatro grandes expropiaciones por las obras de la variante norte, el tren, el torrente y, recientemente, por el desdoblamiento. «Y en el caso que nos ocupa todavía más, ya que hablamos de una obra de grandes dimensiones», agrega Frau. Durante la presentación el pasado martes de la plataforma Ma-15, hubo algunos afectados que denunciaron que se ocuparon de manera ilegal sus terrenos.

En relación a ello, Frau manifiesta que «tiene que quedar claro que no defiendo los casos particulares que han sido denunciados ante la Justicia. Pero es evidente que la administración, según la ley de expropiación forzosa, obliga a la firma de un acuerdo previo pago de un porcentaje de la expropiación. Si se ocupan los terrenos de manera ilegal hay que presentar una denuncia. Además, tenemos a un afectado que la Justicia ya le ha dado la razón por este mismo motivo».

Antoni Frau apunta que las acusaciones contra los funcionarios que dirigían las obras pueden provocar una revisión de las expropiaciones, «porque el hecho de que se esté investigando estas actuaciones es motivo de revisión. Todo ello puede suponer que se tenga que revisar la tramitación de los expedientes de expropiación, unos cobros que se pueden demorar durante poco más de dos años». En relación a la posibilidad que se realizaran expropiaciones arbitrarias, como denunciaron algunos de los miembros de la plataforma, Frau matiza que «a día de hoy y con la información que tenemos, no estoy en poder de suscribir estas acusaciones. De todos modos, no me compete a mí realizar estas acusaciones porque para ello está la Justicia que investiga los hechos. Nosotros sólo defendemos a los afectados en general, ni acusamos a nadie ni es nuestro trabajo».