29/04/09 0:00
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Ll.GARCIA/M.JOY El TSJB emitirá una orden judicial que permita a los técnicos del Ajuntament y del Consell de Mallorca acceder a los chalets de Llucalcari que se tienen que derribar por sentencia del Supremo, y realizar los cálculos y mediciones necesarios para redactar los proyectos de demolición. Así lo confirmó ayer el presidente de la sala del contencioso administrativo, Gabriel Fiol, al alcalde de Deià, Jaume Crespí, durante la reunión celebrada en la sede de tribunal.

Crespí se reunió a petición propia con el presidente de la sala, para explicar personalmente al juez la postura del Ajuntament ante la sentencia de Llucalcari y para interesarse por su recurso contra la reciente providencia que lo obliga a satisfacer una multa de 600 euros, primero mensuales y después semanales y diarios, hasta que ejecute estas demoliciones. Crespí acudió a la cita con el magistrado, acompañado del presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger, de su abogado, Josep Carrillo y de la secretaria de la corporación, Ventura Montaner.

Después de la reunión, que duró poco más de 20 minutos, el alcalde deianenc se mostró satisfecho y calificó la reunión de «cordial y positiva, ya que le hemos podido exponer la realidad de todos los pasos que ha dado el Ajuntament de Deià para acatar esta sentencia». Crespí también valoró positivamente «que el juez emita ahora las órdenes judiciales para acceder en los domicilios, ya que demuestra que nuestro recurso estaba fundamentado, dado que no podíamos acceder a hacer el proyecto sin esta colaboración judicial».

Según explicó el alcalde, «el juez nos ha confirmado que el recurso contra la sanción se ha admitido a trámite, pero de momento éste no está resuelto y, por lo tanto, la sanción se mantiene, aunque tenemos esperanzas de que nos sea retirada».

El Ajuntament tiene ahora un plazo de 72 horas para aportar al juez los datos de contacto de los propietarios de los chalets para que éste los pueda citar y, si es el caso, darles audiencia.