La polémica vuelve a girar en torno la Sociedad de Cazadores de Campos. Su presidente, Rafel Chaparro, y su junta directiva han pasado los recibos de las cuotas a los socios sin que se haya celebrado una asamblea general, que es el único órgano que según la ley tiene potestad para aprobar las cuotas anuales.
Con fecha de al pasado 15 de marzo la junta directiva de la Sociedad de Cazadores de Campos, envió una carta a los socios comunicándoles la cuota establecida este año. Ciento cincuenta euros de cuota general y cien para los jubilados. En la carta se especifica que el precio incluye la licencia federativa «Normal, P» y el «seguro del cazador RGA».
Este mismo hecho ya se produjo el año pasado, primero se realizó el cobro de las cuotas a los socios y después se celebró la asamblea general ordinaria. La última asamblea celebrada, el tres de mayo del 2008, aprobó las cuotas que los socios ya habían abonado. Un hecho ilegal según se establece en el decreto 147/1997 del veintiuno de noviembre que regula el funcionamiento de los clubes deportivos.
Hay que recordar que el pasado 31 de marzo, el presidente de la Sociedad de Cazadores de Campos, Rafel Chaparro, declaró en el juzgado de instrucción número 4 de Manacor por haber alquilado a los socios unas instalaciones que pertenecen a la sociedad. Un hecho que, además de apuntar a una mala gestión por parte del presidente, puede constituir un delito.
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