El Ajuntament se endeudará en 8,3 millones para tapar el agujero presupuestario de 2008

El Ajuntament de Calvià ha aprobado endeudarse en 8,3 millones de euros más para cubrir el agujero presupuestario de 2008. El equipo de gobierno municipal que preside el alcalde popular Carlos Delgado dio cuenta ayer al pleno del Consistorio de la liquidación del presupuesto del Ajuntament de Calvià correspondiente al año pasado, que se ha cerrado con un déficit de 8,3 millones de euros.

El Ajuntament procederá a concertar una operación extraordinaria de endeudamiento bancario en base a una reciente normativa que conlleva un plan de viabilidad y saneamiento asociado para 2010-2015.

Dicho plan aprobado por los populares de Calvià prevé «adecuar» en los próximos ejercicios los impuestos y tasas municipales para nivelar los ingresos con los gastos municipales. Es decir, «subidas generalizadas», según denunció la oposición consistorial.

El portavoz socialista, Antoni Manchado, criticó la «nula voluntad de Delgado de reducir gastos». Según el concejal de la oposición, el alcalde debería empezar por «equiparar su sueldo estratosférico de más de 90.000 euros al nivel que le toca, así como el de todo el equipo de gobierno y asesores».

En los mismos términos se expresó el concejal de UM, Isidro Cañellas, al afirmar que el plan de saneamiento sólo equivale a «más endeudamiento y más impuestos» en los próximos años. «Se debería modificar inmediatamente el presupuesto de 2009 para reducirlo conforme a los ingresos reales y no esperar al próximo ejercicio», afirmó.

La teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Teresa Martorell, justificó el agujero presupuestario del pasado ejercicio en que «es una herencia» de cuando gobernaban los socialistas en Calvià.

Según Martorell, la causa por la que se ha obtenido un remanente líquido de tesorería es debido a la aplicación en el capítulo de ingresos del presupuesto como saldo de dudoso cobro el importe de 8.301.657 euros que el Ajuntament reclamaba al Govern por la gestión de la depuración de aguas residuales y que los tribunales han resuelto a favor de la administración autonómica.