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Gabriel Cañellas, presidente de la Fundació Illes Balears, recordó ayer, en declaraciones a este diario, que «el convenio con el Ajuntament d'Andratx fue legal y aprobado por el gobierno municipal». Cañellas justificó que fue la Fundació Illes Balears la que denunció al Ajuntament d'Andratx cuando comunicó que no pagaría las cantidades previstas en el convenio por el mantenimiento y uso de la torre de Sant Elm.

«El convenio se pactó por seis meses renovables. En la primera etapa la torre de Sant Elm fue utilizada en infinidad de ocasiones por el Ajuntament d'Andratx. Es cierto que en el segundo semestre la torre de Sant Elm no se utilizó tanto, pero nosotros no somos responsables de eso», subrayó Cañellas, quien recordó que, antes de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, la Fundación Illes Balears interpuso una demanda al Ajuntament d'Andratx por no querer pagar las cantidades que figuraban en el convenio.

«Estoy muy tranquilo. Nosotros ofrecimos un servicio y hemos cumplido con el convenio de manera escrupulosa», dejó claro Cañellas.
El juez Antonio Garcias, encargado de la investigación del caso, ha emitido una providencia en la que cita como testigos al secretario del Ajuntament, al ex alcalde Jaime Porcell y a la gerente de la Fundació, Magdalena Femenia.

Providencia
En el mismo escrito, el juez pide que se de traslado de las actuaciones a Cañellas, en calidad de imputado. La acusación contra el ex president fue solicitada el pasado mes de mayo, como ya informó Ultima Hora, por el abogado que representa al Ajuntament, Pablo Alonso de Caso. La causa surge después de que el Consistorio remitiera el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una denuncia ante el juzgado. En la denuncia se recogen delitos de prevaricación, malversación de caudales, falsedad y fraude a la administración contra el ex alcalde Eugenio Hidalgo y los responsables de la fundación.

Según fuentes vinculadas a la causa, después de que se produzcan las declaraciones de los tres testigos, previstas para mediados de diciembre, el juez citará a declarar como imputado al ex president, cuya declaración podría producirse en el mes de enero.