El derribo de los cuatro chalets ilegales de Llucalcari parece ahora más cerca que nunca. Por fin, los técnicos del Consell están consiguiendo entrar en las viviendas y realizar las mediciones pertinentes para la redacción de los proyectos de derribo, aunque para llegar a este extremo, ha sido necesaria la autorización del juez.
De momento, ya se han realizado las mediciones de dos chalets y se trabaja en un tercero. En estos, fue necesario poner fecha a través del BOE para acceder a las viviendas. Las mediciones del cuarto chalet ilegal se llevarán a cabo entre el 15 y 30 de enero por iniciativa de los propios propietarios. Ha sido el único caso en que no ha sido precisa la intervención del juez.
En sus edictos, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) instaba al Ajuntament de Deià a llevar a término la entrada a las viviendas para llevar a cabo las valoraciones previas a la democión. Y le advertía que de no hacerlo, se reanudaría la medida coercitiva de pagar una sanción hasta hacerse efectiva la sentenciad de derribo.
No son, sin embargo, los técnicos del Ajuntament los que realizan las mediciones sino del Consell de Mallorca. En 2008, Consell y Ajuntament suscribieron un convenio por el que el Departament de Cooperació Local, a través de una asistencia técnica, aportaba un arquitecto para realizar los mencionados trabajos y la redacción de los proyectos de derribo.
El siguiente paso será la ejecución del derribo. Para el Ajuntament, es literalmente imposible hacer frente a este gasto. La Agència de Disciplina Urbanística del Consell ya avanzó que asumiría el coste de la ejecución, aunque el Govern también tendrá que implicarse en este tema.
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